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Estas son las facultades que estrenará la Contraloría General de la República


La Plenaria de Senado aprobó el control fiscal preventivo y concomitante. Además, se mantuvieron las contralorías territoriales

Noelia Cigüenza Riaño – nciguenza@larepublica.com.co

Luego de varios meses de largas discusiones y pese a los reparos iniciales de los gremios, la reforma a la Contraloría General de la República que propuso el actual jefe del ente de control Carlos Felipe Córdoba llegó a su octavo y último debate y, después de más de ocho horas de debate, fue aprobada en la plenaria de Senado y será efectiva en este periodo. En esta, se dio luz verde a cambios como el del control preventivo, sin revivir la figura que existía antes de 1991. 

Con esta nueva facultad, la Contraloría podrá de nuevo hacer un seguimiento permanente de los recursos públicos a través de un control fiscal preventivo y concomitante. Este es uno de los cambios que más polémica había creado debido a las experiencias del pasado y a la posibilidad de que este control pudiera convertirse en una coadministración por parte de la entidad. Por ello, los congresistas le hicieron la modificación de que ‘será’ siempre preventivo y se hará de manera excepcional.

“Llegamos al Palacio de Nariño a expulsar cualquier tipo de corrupción y queremos que se expanda el control fiscal de manera preventiva para que se aumente el número de recursos que son controlados. Solo 0,4% de los recursos se recuperan. Con este nuevo modelo, no se vuelve al control previo porque este es preventivo y necesita del concurso del Gobierno”, manifestó Francisco Chaux, viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior.

Por su parte, las voces en contra como la del senador por el Partido de la Alianza Verde, Iván Marulanda, indicaron que anteriormente la Contraloría se encargaba de hacer una persecución política sistemática. “No se pueden entregar los mismos poderes para obstaculizar los intereses y hacer favores”, sostuvo.

De acuerdo a lo aprobado, este control tendría un carácter excepcional y se realizaría en forma de advertencia al gestor fiscal. Además, deberá estar incluido en un sistema general de advertencia público. También se indicó al casi al final del debate que este control efectivo no se daría en las contralorías territoriales y que estas serían elegidas por los concejos y las asambleas a través de convocatoria.

“El nuevo modelo no tendrá como denominador común las imposiciones. La idea es que las dependencias administrativas sean enteradas oportunamente de las observaciones de la Contraloría, cuando haya lugar a ellas”, sostuvo el contralor Felipe Córdoba.

De otro lado, los congresistas aprobaron el artículo uno que indica que los resultados de los ejercicios de vigilancia y control fiscal, así como de las indagaciones preliminares o los procesos de responsabilidad fiscal, adelantados por las Contralorías, tendrán valor probatorio ante la Fiscalía General de la Nación y el juez competente.

Igualmente, se aprobó el artículo dos que implica que la Contraloría llevaría un registro de la deuda pública de la nación y de las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios. Además, este recoge que el contralor tendrá nuevas atribuciones como la de revisar las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar su grado de eficiencia.

Autonomía presupuestal
Otro de los puntos que se aprobaron fue el aumento del presupuesto para que este organismo de control pueda ser una entidad fortalecida. Se indicó que se garantizará la autonomía presupuestal y la sostenibilidad financiera y se dará unas apropiaciones progresivas que incrementarán en el Presupuesto de la Contraloría durante las siguientes tres vigencias en $250.000 millones, $250.000 millones y $136.000 millones, respectivamente.

Durante la discusión, se abrió la posibilidad de eliminar la figura del Auditor General de la Nación; sin embargo, finalmente se mantuvo. Este será escogido por el Consejo de Estado de una terna enviada por la Corte. Además, su periodo será de cuatro años y no de dos como antes a partir de la elección del próximo auditor.

“Es importante que los contralores tengan control. Hoy soy yo, pero mañana será otro. Si hay 65 contralorías debe existir el cargo de Auditor General de la Nación”, manifestó Felipe Córdoba cuando defendió a los congresistas la figura del auditor.

No se eliminan las contralorías territoriales
También pese a que se debatió la posibilidad de eliminar las contralorías territoriales, un punto en el que estaban de acuerdo varios senadores entre los que también estaba el expresidente Álvaro Uribe, finalmente no se aprobó este punto. En este se aclaró que ya no habrá concurso de méritos, sino que los concejos y asambleas elegirán a los contralores territoriales mediante una convocatoria.

“Hemos propuesto eliminar contralorías departamentales y municipales y la Auditoría. Habría ahorro de 600.000 millones para fortalecer la educación y la salud”, sostuvo Uribe antes de tomar la decisión.

De acuerdo con el proyecto inicial, los contralores departamentales, distritales y municipales serían elegidos por concurso de méritos, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, por un periodo de cuatro años que no podrá coincidir con el periodo del correspondiente gobernador y alcalde.

Según la exposición que ha hecho el Contralor, hoy en día este órgano de control que se quiere reformar solo alcanza a tener una cobertura de 29% y tiene una recuperación de solo 0,4% de los recursos. Además, presenta problemas como que la Delegada del sector de infraestructura solo cuenta con 25 ingenieros para vigilar a todo el sector o que la Delegada del sector social solo cuenta con un médico.

Los órganos de control que más recursos recibirán para el próximo año
La Contraloría es el segundo órgano de control que más recursos recibiría para el próximo año según el proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2020. El primero de ellos es la Procuraduría que recibiría $795.438 millones y a este le seguiría la Contraloría con $575.910 millones. Los 3.984 cargos en la Contraloría tendrían un costo de $432.100 millones y, en inversión, esta entidad cuenta con recursos para la actualización de la infraestructura física, funcional y operativa así como mejoras en su plataforma.

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