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La Contraloría necesita dientes contra corruptos


No se entiende por qué, si se ha identificado a la corrupción como el cáncer del sector público, se ataque a la Contraloría por pedir herramientas para luchar contra ese flagelo

Es más vendedor hablar de la campeante corrupción y el saqueo de lo público que de un árido proyecto de ley que reforma el control fiscal en Colombia. Es un hecho que el amarillismo mediático vende más que un documento técnico, así el hilo que une los dos temas sea el mismo, acabar con la corrupción como uno de los flagelos que mantiene al país anclado en el subdesarrollo y la desesperanza por el esquivo progreso. La Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Felipe Córdoba, ha adelantado un proyecto de ley que pronto se materializará en ley de la Nación, que faculta a la entidad de control y vigilancia con nuevas herramientas para luchar en contra de los funcionarios que roban del erario público; una iniciativa que goza de gran respaldo internacional y es muy bien vista por algunos gremios económicos; no obstante, hay otros intereses de unos pocos que tratan de revivir viejas polémicas para desvirtuar este gran paso que busca fortalecer a la Contraloría. Obvio, quienes más han atacado son los interesados, los que viven de un Estado débil y sin dientes, esos a quienes no les gusta que todas las “ías” cuenten con los mecanismos idóneos para avanzar en el terreno de los corruptos, que dicho sea de paso, han capturado el grueso de la contratación estatal bajo la mirada pasiva y sin instrumentos de control de instituciones como la Contraloría, Procuraduría o Fiscalía. Si queremos avanzar en la lucha en contra de los corruptos debemos confiar y dotar a las entidades como la Contraloría.

Se ha atacado al proyecto de ley porque no hay diferencias entre el viejo control previo y el preventivo o concomitante, a lo que el Contralor ha contestado que hay que “darle a la Contraloría una función preventiva, concomitante y posterior. Hay que adoptar mecanismos para vigilar todo proceso en contratación, previamente a la adjudicación”. Así las cosas, la Contraloría debe llevar a cabo “un acompañamiento a los procesos y los contratos en las regiones a nivel nacional (…) tener la capacidad de defender el esquema probatorio ante un juez para tener toda una sanción jurisdiccional”. Está claro -a los ojos del Contralor- que el control posterior o cuando se hizo el gasto, es inoperante frente a la corrupción.
En adelante la Contraloría debe acompañar a los gobiernos en la ejecución de los recursos públicos mediante la vigilancia previa (preventiva) y la concomitante (mientras se ejecuta el gasto). Para nada es regresar al control previo de la vieja Constitución que se prestó para la coadministración por parte de las contralorías y a su vez en prácticas corruptas de los auditores. Eso no va a regresar porque hay otra Colombia más vigilante y medios de comunicación que han asistido al proceso de rediseño de la Contraloría. Es absolutamente facilista decir que regresa el control previo. No, es traer a valor presente una vieja herramienta que fue mal aplicada en otras épocas y que debe ser mejorada para luchar contra el flagelo que desangra las arcas nacionales. Los constituyentes del 91 separaron el control previo y el posterior, pero erraron porque esto le abrió espacio a la captura del Estado por parte de los contratistas. Es un imperativo que la Contraloría pueda advertir sobre operaciones y contratos para que se pueda intervenir oportunamente, no cuando todo esté perdido. El control de advertencia es fundamental para vigilar todo proceso paso a paso, una idea que funcionaría muy bien ahora que los ojos están puestos sobre lo público.

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