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Coronavirus: Posibles irregularidades en contratos para la pandemia – Gobierno – Política



Al menos 313 contratos en 29 de los 32 departamentos de Colombia, ejecutados con dineros para atender la contingencia generada por el covid-19, se habrían realizado en medio de irregularidades.

Por lo menos así lo evidencia la Fundación Paz y Reconciliación en su más reciente informe ‘El cuestionado manejo de recursos públicos en medio de la pandemia’.

De acuerdo con el documento, los cuestionamientos a estos contratos son: sobrecostos, categoría en la que están 118 documentos; mediación por influencias políticas, con 60 hechos; violación del principio de publicidad, en la que hay 53 casos; actividad comercial no relacionada con el servicio contratado, en la que se hallaron 9 registros; servicio sin relación con covid-19 pero justificado en este, con 8 denuncias, y otros en los que hay 65 hechos.(También le puede interesar: Coronavirus: las medidas que se están tomando para proteger a Duque)

En concordancia, los cuestionamientos se podrían agrupar en seis tipos. El primero y más común son los presuntos sobrecostos en los kits de salud y de alimentos que se debían entregar a las familias más vulnerables. Libras de café, pañales, entre otros, con sobrecostos que van desde el 15 por ciento hasta el 50 por ciento. En total, son miles de millones de pesos comprometidos en estos sobrecostos.

En este grupo también se encontraron dobles contabilidades, es decir, se contratan kits de salud o alimentos que incluyen productos que están, además, contratados en otros procesos. Lo complicado del asunto es que se dice que esos productos son para agregar a los kits. La presunta doble contabilidad no ha sido explicada por los entes territoriales.

En total se agruparon en la categoría de presuntos sobrecostos 118 contratos. Para la mayoría no se encontraron estudios previos publicados en las plataformas destinadas para ello y, en los que se encontraron los contratistas eran únicos proponentes.

Otra práctica recurrente en los contratos con presuntos sobrecostos para los que se encontraron publicados los estudios previos, fue que los estudios de mercado se hicieron con base en contratos de otros entes territoriales con los que el respectivo alcalde o gobernador tiene una conexión política, contratos estos que también estarían cuestionados por presuntos sobrecostos, como se ejemplifica en el caso de Riohacha, La Guajira.

Adicionalmente, se encontró que en varios de esto contratos, especialmente en los de mayores montos como los de las gobernaciones de Cesar, Sucre y Valle del Cauca, una vez dado el anuncio de los entes de control sobre los hallazgos de presuntos sobrecostos, se modificaron los valores unitarios de los productos o se excluyeron gastos etiquetados como indirectos, cambiando así el monto final contratado. Estas modificaciones superan en algunos casos los dos mil millones de pesos.

La declaración de emergencia fue utilizada por muchos entes territoriales para contratar posibles dobles nóminas y/o contratar terceros amigos

En tercer lugar, la declaración de emergencia fue utilizada por muchos entes territoriales para contratar posibles dobles nóminas y/o contratar terceros “amigos”, es decir, contratos posiblemente mediados por influencias en las administraciones municipales y departamentales.

En esta categoría se encuentran 60 contratos. En muchos casos no se encontraron los estudios previos publicados. Hay situaciones ilegales y otras, aunque no lo son, tendrían fuertes cuestionamientos éticos. Entre los ejemplos se encuentran contratos con donantes de campaña, familiares de los líderes de clanes a los que pertenecen las autoridades de los entes territoriales, entre otros.

POLÍTICA
Twitter: @PoliticaET

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