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Comisiones de la verdad y FF. AA.: una cooperación esquiva – Proceso de Paz – Política



Uno de los mayores retos que enfrenta la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es el riesgo de que, como les ha ocurrido a otras comisiones que han tenido como tarea la reconstrucción del pasado tras un período traumático, este espacio se convierta en un ‘campo de batalla’ y no en un escenario de reconciliación. Es decir, que se intente utilizar el relato histórico final para justificar las acciones de uno u otro actor y poner en la picota pública a las de sus adversarios.

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Nunca más

El mejor ejemplo es, sin duda, lo acontecido en Argentina con el famoso prólogo que elaboró el escritor Ernesto Sábato para el informe ‘Nunca más’, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Es decir, la comisión que conformó el presidente Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, tras los gobiernos militares del llamado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983).

El prólogo comienza con estas palabras: “Durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países”.

Sábato hacía referencia a lo acaecido en Italia con la emergencia de grupos guerrilleros como las Brigadas Rojas (1970) y de grupos fascistas como Vanguardia Nacional, una escisión extraparlamentaria del Movimiento Social Italiano (MSI). Y subraya que, a pesar de ello, “esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio. Es más. Con ocasión del secuestro del ex primer ministro Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad le propuso al general Della Chiesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, este le respondió con palabras memorables: ‘Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura’ ”.

En Argentina, a diferencia de Italia, la amenaza guerrillera sí terminó desatando un terrorismo de Estado generalizado.

Según este informe pionero había una responsabilidad doble: en primer término, la de los grupos guerrilleros y sus acciones desestabilizadoras, en especial los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (Erp); y, en segundo término, la de los agentes estatales que desataron una represión feroz tras el golpe militar de 1976.

Si el informe final de una comisión de la verdad se convierte en un ‘campo de batalla’, su contribución para alcanzar la reconciliación nacional termina siendo un enorme fracaso

A pesar del rigor y la ponderación del Informe Sábato –basta mencionar que denunció más de 300 centros de detención clandestina, miles de desaparecidos y 14 formas distintas de tortura–, Néstor Kirchner, 22 años más tarde, en el 2006, decidió publicar una nueva edición con un nuevo prólogo que ponía en entredicho la tesis de Sábato sobre la doble responsabilidad, en estos términos. “Es preciso dejar claramente establecido, porque lo requiere la construcción del futuro sobre bases firmes, que es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado, que son irrenunciables”.

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Este nuevo prólogo, firmado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dirigida por Eduardo Luis Duhalde, generó una dura controversia y hondo malestar por su evidente intento de reescribir la historia, a partir de una nueva mayoría política.

La experiencia de Argentina deja una clara lección: si el informe final de una comisión de la verdad se convierte en un ‘campo de batalla’, su contribución para alcanzar la reconciliación nacional termina siendo un enorme fracaso.

Un ‘campo de batalla’

La colaboración de las Fuerzas Militares con la ‘comisión Sábato’ fue no solamente nula, sino que hubo un enfrentamiento abierto y soterrado para afectar su tarea. No olvidemos que el 15 de diciembre de 1983, es decir, el mismo día en el cual se aprobó la creación de la Conadep, Raúl Alfonsín sancionó otros dos decretos: el 157, mediante el cual se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras, y el 158, por el que se ordenaba procesar a las tres juntas militares que habían gobernado al país entre 1976 y 1983.

En este contexto, Argentina entró en un período de enorme inestabilidad y, tras numerosos conflictos cívico-militares, como el levantamiento de los llamados ‘carapintadas’, encabezados por el teniente coronel Aldo Rico –que puso al país al borde la guerra civil–, Raúl Alfonsín se vio obligado a dictar los decretos de punto final y obediencia debida y, más tarde, Carlos Menem, las leyes de amnistía. En el país austral, las heridas nunca cicatrizaron. El Informe Sábato, un documento excepcional, no fue suficiente para cerrar las heridas.

Las relaciones de las comisiones de la verdad con las Fuerzas Militares en otras naciones de América Latina como Chile, Guatemala, El Salvador o Perú no condujeron a esos niveles de confrontación, pero fueron siempre poco cordiales.

Los informes ‘De la locura a la esperanza: la guerra de los doce años en El Salvador’ y ‘Guatemala: memoria del silencio’ contaron con la participación individual de militares en servicio activo o en retiro, pero las dos instituciones se negaron a cooperar.

Es más, el general René Emilio Ponce, siendo ministro de Defensa de El Salvador, en un programa televisivo calificó el Informe Final como “injusto, incompleto, ilegal, antiético (…) atrevido (y) parcializado”.

En América Latina nunca ha habido un ambiente mínimo de colaboración armoniosa entre las comisiones de la verdad y las Fuerzas Armadas

Reacciones similares se presentaron con la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que impulsó el presidente Patricio Aylwin en Chile en 1990 para estudiar los excesos de la dictadura pinochetista y que fue dirigida por el jurista Raúl Rettig, y con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que, en el Perú, creó el presidente Valentín Paniagua en el 2001, presidida por el respetado rector de la Pontificia Universidad Católica, Salomón Lerner.

En pocas palabras, al menos en América Latina, nunca ha habido un ambiente mínimo de colaboración armoniosa entre las comisiones de la verdad y las Fuerzas Armadas. Más bien, han predominado las relaciones tormentosas. ¿Podrá ser Colombia una excepción? ¿Qué debemos hacer al respecto?

En Colombia ya tuvimos una experiencia agridulce. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), cuando elaboró el informe ‘¡Basta ya! Memorias de guerra y dignidad’ en el 2012, no tuvo a las Fuerzas Militares como interlocutores. El clima de mutua desconfianza no permitió que hubiese una cooperación adecuada.

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Sin embargo, el CNMH intentó enmendar este vacío y, luego de varias reuniones con el Centro de Memoria Histórica de las Fuerzas Armadas, se publicaron dos informes, ‘Esa mina llevaba mi nombre’ y ‘Recuerdos de la selva’, así como algunos videos relacionados con hechos que victimizaron a miembros de las instituciones armadas. Según el CNMH en un documento de remisión de sus investigaciones a la Comisión de la Verdad, “el norte que orientó este esfuerzo fue contribuir a la construcción de un campo de memoria histórica integradora: un lugar de encuentro de las memorias plurales, irrigado de tensiones que se resuelven no por la vía de los señalamientos, los arrasamientos simbólicos y las estigmatizaciones, sino de un debate franco fundado en el reconocimiento de los derechos de los adversarios a disentir y expresar estos disensos públicamente”.

Colombia, ¿pionera?

El panorama descrito sobre las comisiones de la verdad y sus relaciones con las Fuerzas Armadas en América Latina no es alentador. Sin embargo, existen en Colombia algunos motivos de optimismo.

En primer lugar, la reunión del general Alberto José Mejía, en ese momento comandante general de las FF. AA., con Francisco de Roux, en las oficinas de la Comisión de la Verdad a finales de marzo de 2018. En dicha ocasión, la comisión recibió 50 tomos del llamado informe ‘Génesis’, sobre la historia documental de las Farc. Fue un hecho de colaboración eficaz y con pocos antecedentes históricos, al menos en América Latina.

En segundo término, la creación de un Centro de Memoria Histórica en las Fuerzas Armadas con el fin de dar su visión sobre el conflicto contemporáneo. Se trata, sin duda, también de un hecho novedoso en el contexto regional.

La verdad, sin la verdad de los militares y los policías, es una verdad incompleta

En tercer lugar, la participación de un militar en retiro en la comisión, el mayor y abogado Carlos Ospina, quien sostuvo en un video reciente que “la verdad, sin la verdad de los militares y los policías, es una verdad incompleta”. Su voz es importante y ojalá sirva de puente para que el clima de diálogo pueda fluir entre ambas instituciones.

En cuarto término, la entrega oficial de un informe sobre las víctimas de las FF. AA. de crímenes atroces contrarios del Derecho Internacional Humanitario por parte del excomandante del Ejército Ricardo Gómez a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reportando 207.645 casos.

Y, finalmente, la existencia por primera vez en la historia de Colombia de una doctrina militar integral, la Doctrina Damasco, de carácter público y que cuenta con el respaldo de la Cruz Roja Internacional por su adhesión al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

En pocas palabras, yo creo que Colombia puede dejar un precedente histórico, una hoja de ruta de un diálogo plural y pluralista en torno a la verdad con una activa participación de las Fuerzas Armadas que sirva de ejemplo para el resto del mundo. ¡Ese es nuestro desafío!

EDUARDO PIZARRO LEONGÓMEZ*
Para EL TIEMPO * Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia

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