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Publicación de declaración de renta: los que no cumplieron – Partidos Políticos – Política



Seis meses después de la entrada en vigor de la Ley 2013 de 2019, que exige a jueces y funcionarios públicos con cargos directivos o de elección popular, entre otros, que hagan pública su declaración de renta, registro de conflicto de intereses y otros documentos, una buena parte de ellos siguen sin hacerlo.

En total son 126.119 funcionarios los que están en la obligación legal de hacerlo, incluidos el Presidente de la República, los magistrados de las altas cortes, el Fiscal General de la Nación y los congresistas, alcaldes y gobernadores. Los cargos de elección popular, además, deben presentar sus reportes de ingresos y gastos de campaña.

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Entre los mandatarios, los alcaldes eran los que menos habían cumplido con corte al 23 de junio. Solo 226 de los 1.102 gobernantes locales del país hicieron públicos los documentos. Una mirada a las principales ciudades revela que están al día los mandatarios de Bogotá, Barranquilla, Medellín y Santa Marta.

Los otros cargos en los que el cumplimiento alcanzó menos del 50 por ciento fueron los diputados (107 de 418), los concejales (1.259 de 12.063), los ediles (37 de 6.814) y los gobernadores (con 14 de los 32).

En el ámbito nacional han cumplido el Presidente y la Vicepresidenta, 89 de los 108 senadores y 132 de los 171 representantes a la Cámara.

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La entidad encargada de hacer seguimiento del cumplimiento, el Departamento Administrativo de la Función Pública, habilitó desde el 1.º de enero del 2020 en su página web el aplicativo para que los servidores subieran los documentos. La entidad aclara que la obligación empezó desde ese momento.

Sin embargo, varios de los congresistas que aparecen en mora en la base datos, al ser consultados por EL TIEMPO, aseguraron no tener claro que la obligación regía desde esa fecha.

Otros, confundieron la nueva obligación de publicar los documentos con la ya existente desde 1995 de presentar la declaración de renta ante el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público (Sigep) una vez se posesionan en el cargo.

De acuerdo con Función Pública, el incumplimiento de la ley de 2019 expone a los funcionarios a sanciones de sus partidos y de la Procuraduría.

En el Senado, el cumplimiento fue del 82,41 por ciento de los legisladores (ver gráfico), con bancadas como la del Mira, en la que sus tres miembros están al día, al igual que Mais, con su único senador..

En el Centro Democrático, 18 de sus 19 senadores presentaron sus declaraciones y otros documentos; en cuanto a la Farc, cuatro de sus cinco miembros lo hicieron, y en la Coalición de la Decencia, 3 de 4.

De los 16 senadores de Cambio Radical hay dos que han incumplido con la presentación de los documentos. Uno de ellos es Rodrigo Lara, quien se ha referido públicamente en contra de la ley. El 15 de febrero, por ejemplo, trinó: “Obligar a un funcionario a develar su declaración es transparentismo y morbo. El mismo instinto que lleva a interesarse en chismografía o ver porno”.

Al ser consultado por este diario, Lara respondió: “De eso está encargado alguien en mi oficina, es una persona muy diligente y seria, y no creo que esté incumpliendo ningún plazo legal”.

Obligar a un funcionario a develar su declaración es transparentismo y morbo. El mismo instinto que lleva a interesarse en chismografía o ver porno. De nada sirve en la lucha anticorrupción. Para eso están las declaraciones juradas de bienes y rentas. https://t.co/yTnEU7eoJD

— Rodrigo Lara (@Rodrigo_Lara_) February 15, 2020

También estaban en mora el senador Wilson Arias, del Polo Democrático Alternativo, y Jaime Uscátegui, representante a la Cámara por el Centro Democrático, quienes hasta el 1.º de julio no habían publicado sus documentos, pero lo hicieron horas después de ser consultados para este artículo, según confirmó Función Pública.

Con respecto al retraso, Arias aseguró que sus declaraciones de 2018 y 2019 “se encuentran debidamente publicadas en la página del Sigep”.

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Sin embargo, el congresista diligenció el formulario correspondiente a la ley de 1995, no al de la ley de 2019, que es la que hace públicos los documentos.

En cuanto a Uscátegui, afirmó que “la información ya se había enviado a la oficina de personal del Congreso desde comienzo de año”. No obstante, la responsabilidad de la publicación, aclara Función Pública, es exclusiva del funcionario.

Además, el representante mencionó que “no estaba al tanto que había un formato específico del Sigep”, aun cuando el instructivo creado por Función Pública lo indica.

La información ya se había enviado a la oficina de personal del Congreso desde comienzo de año

La norma de diciembre de 2019 fue, en parte, la materialización de uno de los puntos de la consulta anticorrupción de 2018, que, si bien no pasó el umbral de votación, mostró un gran apoyo ciudadano, con 12’140.342 votos, por lo cual algunos mandatarios se sumaron a su defensa, entre ellos el presidente Iván Duque.

La aprobación de la ley fue un mensaje político en un país que tiene una calificación de 37 sobre 100 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2019, un estudio realizado por Transparencia Internacional que otorga una calificación en la que 0 es la mayor percepción de corrupción y 100 es ausencia de la misma.

El puntaje de Colombia la ubica entre los cinco peores puestos de la región, solo mejor que Perú (36), Brasil (35), Paraguay (28) y Venezuela (16). Uruguay (71) es el mejor posicionado de América Latina.

La persistencia de este delito en Colombia se da, según el Monitor Ciudadano de la Corrupción, sobre todo en las regiones. De acuerdo con el estudio, el 95 por ciento de estos casos entre 2016 y 2018 se presentaron en el ámbito departamental y municipal.

Según el Monitor, los departamentos más afectados entre estos dos años fueron Santander con 47 casos, Atlántico con 33, Valle del Cauca con 26, Bolívar con 24 y Antioquia con 20.

(Ver mapa del Monitor: https://www.monitorciudadano.co/hechos-corrupcion/visor)

De estas zonas, solo los gobernadores del Valle del Cauca y Antioquia hicieron públicos sus respectivos documentos según lo ordena la ley de 2019, como señala la información de Función Pública.

En términos de alcaldías, en Santander, apenas 22 de los 87 mandatarios locales que debían hacerlo los presentaron; en el caso de Atlántico solo 1 de los 23; para Valle del Cauca fueron 11 de 42 alcaldes; en Bolívar no cambió la tendencia, 5 de 46, y para Antioquia solo se reportaron 35 de los 125 funcionarios.

Para analistas, académicos e inversionistas internacionales y nacionales, la percepción de corrupción en el sector público sigue siendo amplia, por eso la importancia de dar el “mensaje de un gobierno abierto”, como aclara Función Pública.

La veeduría ciudadana, además, contribuye a que “los servidores públicos sean más rigurosos porque tienen doble vigilancia”, concluye la entidad.

Este tipo de iniciativas son necesarias, tanto a nivel nacional como territorial, pero hace falta un mayor compromiso en el segundo orden, pues de los 327 hechos de corrupción identificados, el 69 por ciento son de alcance municipal, el 25 por ciento son del nivel departamental y solo un 6 por ciento de los hechos restantes correspondieron al orden nacional

(Conozca la Ley 2013 de 2019: Instructivo para funcionarios públicos)

Contribuye a que los servidores públicos sean más rigurosos porque tienen doble vigilancia

Diligenciamiento a nivel nacional subió un 9,5 %

Aunque el requisito de publicar la declaración de renta y otros documentos se estableció para ciertos funcionarios en diciembre de 2019, ya desde 1995 es obligatorio para todos los cargos públicos la presentación de este documento ante el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep).

Además, desde 2015, se decretó que esta información debía actualizarse anualmente: los plazos son entre el 1.º de abril y el 31 de mayo de cada año para funcionarios del orden nacional y entre el 1.º de junio y el 31 de julio para los del nivel territorial.

(Consulta ciudadana: https://www.funcionpublica.gov.co/ley-transparencia-web/busqueda.jsp)

Luego del cierre para servidores nacionales, los resultados de este año muestran que de 90.219 declaraciones que debían presentarse hubo 64.348 registradas, es decir, el 71 por ciento cumplió con la norma constitucional.

Función Pública señala que, en comparación con el año pasado, hay 5.600 declaraciones más, un incremento del 9,5 por ciento en el nivel nacional. Este aumento se debió, según la entidad, a las estrategias de divulgación, la conciencia que toman los funcionarios, la presión de la ciudadanía y la rigurosidad del electorado, así como la invitación de Presidencia y la acción y promoción territorial; pero también, a la obligación de divulgar la información.

Los sectores de comercio, industria y turismo (96%); función pública (94%); minas y energía (93); deporte y recreación física (93%) y tecnologías de la información y las comunicaciones (87%) fueron los que más cumplieron. Mientras que cultura, transporte, educación, trabajo y ciencia, tecnología e innovación estuvieron al final de la lista.

Según el artículo 122 de la Constitución, todos los servidores tienen que presentar “el monto de sus bienes y rentas” para posesionarse y retirarse del cargo, o cuando un directivo se lo solicite.

Cuando un funcionario incumple se enfrenta a una indagación preliminar que puede culminar en una sanción interna en su partido o un proceso disciplinario de la Procuraduría General de la Nación.

Cultura, transporte, educación, trabajo y ciencia, tecnología e innovación estuvieron al final de la lista.

En caso de inconvenientes administrativos para la presentación del documento, como falta de conectividad o cambios en las entidades, este puede ser enviado en formato impreso.

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El trámite implica un juramento del servidor sobre la información diligenciada, pero hay otros funcionarios que se encargan de verificar los datos en estos formularios, como las Oficinas de Talento Humano y jefes de control interno, quienes están encargados del “seguimiento y cumplimiento de esta norma”, indica Función Pública.

El 31 de julio se cierra el plazo para el orden territorial. Al corte del 23 de junio, el reporte de Sigep indica que Risaralda, con 38 por ciento; seguido por Meta, con 36 por ciento, y Huila, con 35 por ciento, son las zonas con mayor avance; mientras que San Andrés, Chocó, Amazonas, Bogotá y Bolívar aparecen con menos reportes.

VANESSA PARRA TRIVIÑO
ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA DE EL TIEMPO@soyvanessa____

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